Sobre el Fracking

La fracturación hidráulica, conocida como fracking, se consolidó a comienzos del siglo XXI como una de las principales apuestas para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Su expansión, especialmente en Estados Unidos, se sostuvo sobre tres promesas reiteradas: garantizar seguridad energética, impulsar el crecimiento económico y reducir las emisiones frente al carbón. Dos décadas después, la evidencia científica acumulada permite evaluar con mayor claridad hasta qué punto esas promesas se cumplieron y cuáles han sido los costos reales de esta tecnología sobre el agua, el clima, el territorio y la salud pública.

Desde una perspectiva técnica, el fracking es una actividad intensiva en agua. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha documentado que cada pozo puede requerir entre 9 y 29 millones de litros, dependiendo de la profundidad y la formación geológica intervenida. En regiones como Texas, Nuevo México o Colorado, esta demanda ha competido directamente con el uso agrícola y el abastecimiento urbano. Un estudio publicado en Water Resources Research mostró que, entre 2011 y 2016, más de la mitad de los pozos perforados en Estados Unidos se ubicaron en zonas con estrés hídrico alto o extremo, aumentando la vulnerabilidad de los sistemas locales y profundizando conflictos por el acceso al agua.

A esta presión se suma el riesgo de contaminación. La literatura científica ha identificado múltiples vías asociadas al fracking: fallas en el sellado de pozos, migración de metano, derrames superficiales y un manejo deficiente de las aguas residuales. Investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences encontraron concentraciones significativamente mayores de metano termogénico en fuentes de agua potable ubicadas a menos de un kilómetro de zonas de perforación en Pensilvania. A su vez, análisis de la Agencia Internacional de Energía advierten que las aguas de retorno contienen sales, metales pesados, radionúclidos naturales y compuestos orgánicos tóxicos, cuya disposición segura continúa siendo uno de los principales vacíos regulatorios, incluso en países con alta capacidad institucional.

Uno de los impactos menos previstos, pero mejor documentados, es la sismicidad inducida. El Servicio Geológico de Estados Unidos demostró que el aumento abrupto de terremotos en Oklahoma —que pasó de menos de diez eventos anuales a más de novecientos sismos de magnitud superior a 3.0 entre 2013 y 2015— estuvo directamente vinculado a la inyección de aguas residuales en pozos profundos. Fenómenos similares se han registrado en Alberta, en la provincia china de Sichuan y en el Reino Unido, donde estudios técnicos independientes llevaron a la suspensión indefinida del fracking en 2019 tras movimientos sísmicos asociados a pruebas exploratorias.

Desde el punto de vista climático, el balance tampoco es favorable. Investigaciones lideradas por la Universidad de Cornell y publicadas en Nature y Environmental Science & Technology han mostrado que las fugas de metano a lo largo de la cadena de extracción, transporte y procesamiento pueden ser mayores a las reportadas por la industria. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha advertido que, en un horizonte de veinte años, el metano tiene un potencial de calentamiento global 84 veces superior al dióxido de carbono, lo que cuestiona la compatibilidad del gas no convencional con los compromisos de reducción de emisiones.

Con base en esta evidencia, varios países han optado por prohibir o suspender el fracking. Francia lo prohibió en 2011; Alemania, Irlanda y Bulgaria establecieron moratorias; y el Reino Unido detuvo la técnica tras evaluaciones científicas independientes. En todos los casos, las decisiones se fundamentaron en análisis de riesgo ambiental, hídrico y sísmico, más que en debates ideológicos.

En Colombia, aunque el fracking no se ha implementado de forma comercial, los proyectos piloto propuestos en el Magdalena Medio han generado alertas técnicas relevantes. Informes de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo han señalado la insuficiencia de información hidrogeológica para evaluar impactos acumulativos, la alta interconexión entre acuíferos y el río Magdalena, debilidades en la capacidad estatal de monitoreo independiente y riesgos para comunidades rurales en contextos de estrés hídrico estacional. Estudios académicos de la Universidad Nacional y de la Universidad Industrial de Santander advierten, además, que la región presenta formaciones geológicas naturalmente fracturadas, lo que incrementa el riesgo de migración de contaminantes, en un territorio ya marcado por conflictos socioambientales y presión histórica sobre el agua.

La Corte Constitucional ha reiterado que cualquier avance en esta técnica debe regirse por el principio de precaución, reconociendo que los impactos potenciales no son hipótesis abstractas, sino escenarios documentados en otros países. Desde una perspectiva económica, análisis del Fondo Monetario Internacional y de universidades estadounidenses muestran que los beneficios fiscales del fracking tienden a ser temporales, mientras que los costos ambientales, sanitarios y de remediación recaen a largo plazo sobre los Estados y las comunidades locales. El patrón de auge y caída ha sido ampliamente documentado en regiones productoras.

La experiencia internacional sugiere que el fracking no constituye una solución estructural ni para la crisis energética ni para la climática. Países que han priorizado eficiencia energética, energías renovables y gestión de la demanda, como Dinamarca, Uruguay o Costa Rica, han logrado mayor estabilidad económica y ambiental sin recurrir a hidrocarburos no convencionales. En ese sentido, el debate sobre el fracking es menos técnico de lo que parece y más profundamente político y ético: se trata de decidir si tiene sentido apostar por una tecnología intensiva en agua, emisora de metano y generadora de riesgos sísmicos en un planeta que ya ha superado varios de sus límites ecológicos. En Colombia, donde el agua y la biodiversidad son pilares del futuro, esa decisión no puede tomarse a la ligera.